Desencuentro entre una clase política mayoritariamente favorable al aborto libre y una ciudadanía que defiende el derecho a vivir.
- Lea aquí la información que está entregando el Gobierno a las mujeres que quieren abortar
- Así es la regulación del exterminio de seres humanos que entra en vigor este lunes
- Texto íntegro del recurso del Centro Jurídico Tomás Moro
- Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (BOE)
REDACCIÓN HO.- El primer día de aplicación de la nueva reglamentación sobre el exterminio de seres humanos, aprobada por el Gobierno, su partido y los grupos políticos que permiten a Zapatero seguir ocupando la Moncloa, ha supuesto que un número no inferior a 330 seres humanos no han nacido hoy en España.
Hasta la entrada en vigor de la nueva normativa sobre el extermino de seres humanos, en nuestro país eran abortados diariamente, según las cifras oficiales, algo más de 330 niños. A ese número hay que añadir hoy, tras la aplicación de la nueva norma, los abortados procedentes de la libre dispensación de la “píldora del día después” a mujeres de cualquier edad, más los que la nueva ley permite gracias a unas cláusulas que favorecen la eliminación de embriones humanos.
De esta forma, en España el aborto se consolida como la primera causa de muerte.
Una clase política de espaldas a la ciudadanía
La entrada en vigor de la nueva norma ha puesto además en evidencia la creciente lejanía entre los ciudadanos y sus supuestos representantes.
La inmensa mayoría de la clase política española ha vivido hoy de espaldas a la entrada en vigor de su ley del aborto y la mayoría de partidos políticos se han mostrado entusiasmados ante una norma que permite el aborto a las menores de 16 años y facilita el negocio de la patronal de los abortorios al aumentar las facilidades para exterminar embriones humanos.
Frente al silencio cómplice de muchos portavoces de grupos políticos, con la excepción del PP y UPN, y a las adhesiones inquebrantables de otros a la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ciudadanía ha vuelto a demostrar que los resultados de los sondeos reflejan la realidad: la mayoría rechaza el aborto.
LOS CIUDADANOS
Médicos
Ginecólogos por el Derecho a Vivir ha denunciado que, en el día de entrada en vigor de la nueva ley del aborto, no se está cumpliendo con la letra de la ley de informar a las mujeres de todas las alternativas y ayudas existentes para la maternidad en un “sobre cerrado” que se entregará “en cualquier centro sanitario público o bien en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo”, como está estipulado (Los médicos denuncian que la ley ha entrado en vigor incumpliendo su propia normativa).
La Organización Médica Colegial ha señalado la situación de "inseguridad jurídica" en la que la nueva ley del aborto pone a los médicos que deberán decidir sobre el aborto de las menores que no quieran informar a su padres alegando problemas de violencia familiar. Según el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, el error de la norma en este ámbito es que está mal diseñada y "no acota los límites" con claridad, presentando "una situación mal definida" en la que "se escurre el bulto de una forma demagógica" en el tema de las menores con problemas, cargando con toda la responsabilidad al facultativo.
Educadores
La Confederación Española de Centros de Enseñanza acusa a la nueva norma de atentar contra los derechos de los padres y de los centros con la incorporación al sistema educativo de la “formación en salud sexual y reproductiva con perspectiva de género". La CECE recuerda que son las familias las que han de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, apelando a su libertad ideológica y religiosa, "entendiéndose que la sexualidad se incluye dentro de la esfera íntima y personal y que es la familia quien determina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo" (La Ley del Aborto atenta contra los derechos de los padres y de los centros educativos).
Entidades cívicas
Según Profesionales por la Ética, con la nueva legislación el aborto se convierte en un derecho que se puede ejercer y reivindicar sin cortapisas, un hecho que "altera por completo el panorama jurídico español porque se otorga carta de legalidad a la muerte del inocente frente al fuerte. Culturalmente significa que la violencia, incluso con consecuencia de muerte de un ser humano, está legitimada" (Abortar, un "derecho": la nueva ley legitima matar a un inocente).
Derecho a Vivir señala que la entrada en vigor de la nueva ley “no supone el que nos quedemos de brazos caídos. Esta ley será abolida y el aborto quedará como un mal recuerdo en nuestras vidas; lo que pasa es que efectivamente, mientras, todos esos niños que mueren, todas esas madres que quedan con secuelas de por vida, serán irrecuperables” ("Hoy es un día triste, pero seguiremos luchando y el aborto quedará como un mal recuerdo").
LOS POLÍTICOS
Blanco: “Hay un inmovilismo claro por parte de la derecha”
El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado "no entender" que la derecha "se rasgue las vestiduras" ante la nueva ley, pues a su juicio equipara España a la legislación europea: "No entiendo que se rasguen las vestiduras los mismos que siempre se han negado a las reformas y avances en el terreno de los derechos; hay un inmovilismo claro por parte de la derecha española".
Caamaño: “La ley es muy constitucional”
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha declarado que la ley es "muy buena ley" y “constitucional”, y espera que el Tribunal Constitucional rechace la solicitud de suspensión presentado por el PP, el gobierno regional navarro y el Centro Jurídico Tomás Moro.
Bono: obedecer a Zapatero te hace libre
José Bono aseguró hoy que los gobiernos “no son presos" de la legislación sino que "son libres cuando cumplen la ley". Se refería al estatuto catalán, no a la ley del aborto. ¿O sí?
Jiménez: todos seremos muy, muy iguales
Trinidad Jiménez dijo hoy que la entrada en vigor de la nueva ley permitirá que todas las mujeres reciban un tratamiento igualitario independientemente de la comunidad autónoma en la que residan: "Lo que pretendemos, y se va a conseguir, es que haya un tratamiento igual en todas las comunidades autónomas".
Valenciano: esta ley es más segura para el niño no nacido
La secretaria de política internacional y cooperación de la ejecutiva del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha asegurado que la ley es "más segura para las mujeres, para los médicos, para el personal sanitario en general y también para el 'nasciturus'."
Moneo: las autonomías del PP defenderán la vida
Sandra Moneo, secretaria de Educación del PP, ha afirmado que las comunidades autónomas populares "harán el máximo esfuerzo" para ofrecer a todas las mujeres y todos los jóvenes "una alternativa" distinta al aborto. Moneo recordó que "existe otra forma de apoyar a la mujer" y precisó que las comunidades del PP, dentro de sus "muchas competencias, trabajarán por ayudar a la mujer, no por abocarla al aborto" (Sandra Moneo: “Las CC AA populares harán el máximo esfuerzo para ofrecer una alternativa al aborto”).
Valcárcel: “No hay razones para acatar la ley”
El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que "de momento no hay razones" para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme (El presidente de Murcia llama a la insumisión frente al aborto).
LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS
Castilla y León: “En la comunidad se cumple la ley”
La Junta de Castilla y León ha asegurado que, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, en esta comunidad se cumple la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aunque se queja de haber tenido sólo cinco días para preparar los procedimientos y la documentación necesaria para informar a las embarazadas.
Asturias: "Se aplica con total normalidad"
El gobierno regional del Principado de Asturias ha afirmado que la entrada en vigor de la ley está transcurriendo "con total normalidad" en el Servicio de Salud del Principado de Asturias y en los cuatro abortorios privados concertados: “La interrupción voluntaria del embarazo será gratuita sin otro requisito que presentar la tarjeta en el centro donde se acuda".
Comunidad Valenciana: se acatará
La portavoz del gobierno regional valenciano, Paula Sánchez de León, ha lamentado que se haya perdido “la oportunidad" de suspender la entrada en vigor de la ley y ha indicado que el gobierno regional estará "a la espera" del pronunciamiento del TC y lo acatará, al tiempo que ha insistido en que la posición respecto a la norma “es desfavorable" y no la apoya.
Comunidad de Madrid: "Inhumana, inconstitucional e injusta"
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho que el gobierno regional va a continuar como hasta ahora y ha asegurado que "la Comunidad de Madrid lo que va a hacer es proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios". Su compañero, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, ha calificado la nueva ley de "inhumana, inconstitucional e injusta" y de ser “el mayor retroceso democrático en treinta años de democracia porque por primera vez se establece que un grupo de personas, las no nacidas, pueden ser eliminadas de forma terrible y sin derecho a defensa alguna”.
Navarra: la acatarán, pero fuera de la región
La consejera de Salud del gobierno de Navarra, María Kutz, ha afirmado que el ejecutivo foral "cumplirá la ley del aborto” y "garantizará la prestación". No obstante, ha señalado, seguirán "realizando las interrupciones voluntarias del embarazo como hasta ahora, fuera de la comunidad foral".
LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
La nueva ley “considera la eliminación de la vida de los que van a nacer como un derecho de la gestante durante las primeras catorce semanas del embarazo, dejando prácticamente sin protección alguna esas vidas humanas, justo en el tiempo en el que se producen la gran mayoría de los abortos. En segundo lugar, establece un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del aborto. En tercer lugar, impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y ‘de género’.” (Frente a la ley del aborto, la defensa de la Vida, de las madres, de la libertad y de la justicia).
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